
ACHAQUES SON ACHAQUES

He tenido la misma sensación cuando he escuchado, en el reciente debate sobre los impuestos, algunos argumentos en defensa de las exoneraciones tributarias otorgadas por Fujimori a algunas grandes empresas.
Coincido en que debe haber estabilidad en las normas, tanto por justicia como para promover y garantizar la inversión en el país. Pero el caso de estas exoneraciones es totalmente distinto. Fujimori no era un gobernante legal; fue un dictador que infringió la Constitución, y que manipuló desde el poder todos los procesos electorales que se dieron en su período de gobierno. Al mismo tiempo era un delincuente que junto con sus cómplices, saqueaba el Estado y otorgaba de manera dolosa contratos, concesiones, leyes y sentencias judiciales.
Esto era conocido ampliamente por quienes suscribieron los contratos; estas empresas son grandes, y no invierten sin un estudio previo que incluya la situación jurídica y política de un país. Por ello no pueden alegar ignorancia; había una prensa de oposición y un puñado de políticos y ciudadanos dignos que desde sus respectivas trincheras denunciaban permanentemente la irregular situación del Perú.
Una vez vuelta la democracia, es justo que se revise lo actuado. No apresuradamente, pues es necesario asegurar la justicia y la estabilidad. Uno a uno deben irse analizando los contratos, y corrigiendo lo que estuvo incorrecto; que las empresas presenten la documentación con la que sustentaron la excepcionalidad, y ésta sea evaluada a la luz de la justicia y el derecho común. Si no se encuentran razones para un régimen de exoneración, deberán perderlo inmediatamente. Lo contrario sería consagrar la impunidad de quienes desde el gobierno y desde las empresas se coludieron para robar a los ciudadanos del Perú lo que en justicia les correspondía.
Juan Borea Odría
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